Estatuto Departamental: el debate pendiente de la sociedad cruceña

La gobernación electa, la Asamblea Legislativa Departamental, como poderes ejecutivo y legislativo del departamento autónomo de Santa Cruz, los movimientos sociales, indígenas, campesinos, cívicos, los colectivos de mujeres, la coordinadora de autonomías, deberían organizar y promover este debate e iniciar el proceso de adecuación del Estatuto Autonómico Cruceño a la Constitución. Solo así, el proceso de autonomía departamental podría avanzar.

En el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) se advierte que Bolivia vive una coyuntura muy distinta a cuando se realizó y se votó por los Estatutos Autonómicos Departamentales en los 4 departamentos de la denominada “media luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).

La realidad actual marca que los Estatutos Autonómicos Departamentales deben adecuarse a la Constitución Política del Estado, tal como lo establece la misma CPE en el parágrafo II de su tercera disposición transitoria y la Ley Marco de Autonomía y Descentralización en su artículo 61, parágrafo I, numeral 2.

Es en esta perspectiva que deben entenderse y realizarse los debates y las propuestas en torno al proceso autonómico que se vive en Bolivia.

Extrañamente, algunas posturas en torno, sobre todo, a la autonomía departamental parecen estar encaminadas por rutas que se apartan del rumbo legal y constitucional.

Sin embargo, las opciones radicales, representadas por la corriente encabezada por Juan Carlos Urenda, que proponían reformar la Constitución antes que adecuar los Estatutos Autonómicos Departamentales, parecen haber perdido apoyo popular (en las elecciones departamentales de 2010 Urenda participó con la agrupación ciudadana Todos por Santa Cruz, obteniendo el 4,5% de la votación en el departamento) e incluso de la misma institucionalidad cruceña.

En el ERI-SC se considera que la Asamblea Legislativa Departamental debe ser un espacio para los debates y consensos sobre la adecuación del Estatuto, permitiendo una amplia participación de los diversos sectores de la sociedad cruceña.
Se constata además que varias instituciones y organizaciones vienen trabajando en la elaboración de propuestas para readecuar e enriquecer el Estatuto. Por ejemplo, la Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos de Santa Cruz, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la alianza de organizaciones sociales Bloque Oriente-Amazónico, la Asociación de Comités de Vigilancia de Santa Cruz, entre otras, tienen propuestas en la perspectiva señalada. Sin embargo, se evidencia la poca socialización y debate amplio de dichas propuestas.

El ERI-SC considera que en la medida en que no se inicie el proceso de adecuación de los Estatutos a la CPE, la implementación efectiva de la autonomía se irá retrasando.

La CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecen la adecuación de los Estatutos Autonómicos de los Departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Se advierte que nada que esté en contradicción con la Constitución Política del Estado podrá estar en los Estatutos, por una primacía jurídica lógica.

Sin embargo, se percibe que intereses políticos van frenando deliberadamente esta tarea de adecuación. Es por eso que las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil son importantes para generar un amplio debate plural e incluyente para que la implementación de las autonomías sea una realidad.

Actualmente la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz exhibe diferentes posiciones respecto al curso que se le debe dar al proceso de adecuación del Estatuto Autonómico. Por un lado, los representantes de las organizaciones sociales proponen un nuevo proceso de construcción participativa del estatuto y por otro lado, los representantes de las fuerzas políticas mayoritarias (VERDES y FRENTE AMPLIO), afines al actual gobernador, defienden la vigencia del estatuto autonómico que en mayo de 2008 fue sometido a referéndum departamental.

Para muestra basta un botón: Análisis del Régimen de Justicia en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz

En el cuarto conversatorio del ERI-SC, realizado el 18 de noviembre de 2010, se profundizó el contenido del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, en su capítulo referido a la administración de justicia, sobre el cual se llegó a la conclusión de que se contrapone directamente a lo establecido por la CPE.
Ante esta situación el ERI-SC considera que, en lo que se refiere a la administración de justicia, la adecuación del Estatuto Autonómico cruceño deberá partir prácticamente de cero.

A manera de ejemplo de la profunda contradicción entre el Estatuto autonómico departamental y la CPE, el Art. 143 del Estatuto establece:

“I. La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz es la última instancia jurisdiccional y dicta Sentencias con autoridad de cosa juzgada en aquellos procesos en que el derecho aplicable de manera preferente sea el derecho autonómico cruceño, es decir, en aquellos procesos que versen sobre las materias de competencia exclusiva del Departamento, de acuerdo al presente Estatuto”.

Esta disposición está en franca contraposición con lo que instituye la CPE, que indica que la administración de la justicia es una competencia exclusiva del gobierno central.

Para el ERI-SC resulta igualmente preocupante que los Estatutos Autonómicos de nuestro departamento no contemplen la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción agroambiental, lo que demuestra las marcadas diferencias entre Estatuto cruceño y la CPE.

Temas de fondo a debatir

En el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz se advierte la existencia de temas claves, en torno al proceso autonómico, que deben debatirse con prontitud y un sentido democrático, como ser:

1. La Constitución Política del Estado tiene una nueva visión de país, Estado Plurinacional con autonomías, que incluye los derechos de los sectores tradicionalmente marginados, por lo que un simple maquillaje al estatuto autonómico departamental cruceño no bastará.

2. El Estatuto Autonómico Departamental Cruceño no reconoce la democracia comunitaria, la autonomía indígena, derecho a la participación y consulta, justicia comunitaria, entre otros derechos colectivos de los pueblos indígenas que están reconocidos por la CPE.

3. El Estatuto Autonómico Departamental Cruceño no explicita la necesidad de proteger el derecho a una vida libre de violencia en la sociedad, ni se compromete a prevenir y sancionar la violencia de género, tampoco, reconoce el valor económico del trabajo de la mujer.

4. En relación a la tierra y bosques el Estatuto Autonómico otorga competencias exclusivas para su administración al Gobierno Departamental, por su parte, la CPE establece que la administración de estos recursos es competencia exclusiva del Estado Central. Este tema es uno de los telones de fondo de la polarización política entre los gremios cívico-empresariales del oriente boliviano, con el gobierno nacional.

EL ERI-SC propone:

1. Enmarcado en la CPE y Ley de Autonomías y Descentralización priorizar el análisis, debate y la generación de propuesta sobre la adecuación del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz.

2. Articular una plataforma departamental para impulsar un proceso abierto de análisis, debate y concertación de una propuesta alternativa sobre adecuación del Estatuto Autonómico Cruceño y desde este espacio incidir en distintos ámbitos de la sociedad cruceña y en los poderes públicos.

3. Difundir y coordinar las propuestas que están trabajando distintas instituciones y organizaciones.

El Espacio de Reflexión Interdisciplinar analizó el tema tierra en el Estatuto Autonómico cruceño

Dando continuidad al debate y análisis del contenido del Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz, el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) realizó este jueves 9 de diciembre su quinto y último conversatorio de este año en las instalaciones de Radio Santa Cruz, en el que se discutió el contenido del estatuto cruceño en lo referido a la tierra y el proceso agrario.

El ERI-SC constató una vez más que el contenido del estatuto autonómico del departamento se contrapone a lo establecido en la CPE; por ejemplo, en lo referido a la dotación de tierras fiscales, el artículo 6 del estatuto cruceño establece que el Gobierno Departamental tiene potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre la tierra, cuando el texto constitucional en su artículo 298, parágrafo I, numeral 17, indica que la “Política general sobre tierras y territorio, y su titulación” es una competencia privativa del gobierno nacional.

Para el ERI-SC el capítulo referido al proceso agrario en el estatuto cruceño es un reflejo de la intensa disputa por el poder político, económico y cultural que se viene dando entre el gobierno nacional y la oposición regional cívico-empresarial, además considera que el acceso y la tenencia de la tierra y los recursos naturales fue el telón de fondo de la extrema polarización política y social que se vivió es los últimos años en nuestro país.

Finalmente y una vez más, el ERI-SC ve la imperante necesidad de que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz empiece a encarar de una vez la adecuación del estatuto de nuestro departamento, proceso que no será nada fácil si tomamos en cuenta la manera en que se viene trabajando actualmente en dicha instancia legislativa, donde hasta el momento no se ha logrado alcanzar consensos en ninguno de los temas debatidos, ante esta situación será necesario el aporte de la sociedad civil en el proceso de adecuación del estatuto a la CPE, para la generación de espacios de análisis y debate del texto autonómico cruceño para la construcción de acuerdos y consensos.

Los y las participantes del último conversatorio del ERI-SC para este año, determinaron continuar con estos eventos a partir de la primera quincena del próximo año.

5to Conversatorio este jueves 9 de diciembre

El ERI-SC está preparando para este jueves 9 de diciembre su último conversatorio de este 2010, nuevamente revisando el contenido del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esta vez en lo que se refiere al capítulo sobre el proceso agrario y la tierra. Una vez más ele lugar del evento será en el salón de radio Santa Cruz a partir de las 19:00 y les hacemos notar que la entrada es por el estacionamiento de la radio, ya que a esa hora la entrada principal a la radio está cerrada.

EL PERIODISMO NO ESTÁ DE LUTO Análisis de los Artículos 16 y 23 de la Ley Antirracismo

Una mirada desde lo jurídico

El periodismo  está de luto, advierte una esquela negra en las portadas de casi todas las pantallas de la televisión privadas y las portadas de los diarios escritos del país.

Este recurso simbólico, en apariencia, expresa el “dolor” que sienten algunos periodistas porque la libertad de expresión  habría muerto en Bolivia, como consecuencia de la promulgación de la Ley que castiga el racismo y toda forma de discriminación.

El  movimiento de resistencia y protestas protagonizadas  por cierto sector de la prensa y los empresarios de los medios de comunicación, con huelgas de hambre y la firma de libros,   intentó posicionar en la opinión pública la idea de que los artículos 16 y 23 de dicha Ley antirracismo son atentatorios a la libertad de expresión y la libertad de prensa y que  además son inconstitucionales.

Pero,  ¿Son los artículos 16 y 23, de la  Ley antirracismo,   inconstitucionales  y atentan contra la libertad de expresión?

En el Espacio de Reflexión Interdisciplinar (ERI) se considera  que ambos artículos son constitucionales, se enmarcan en los Convenios Internacionales y no significan un atentado a la libertad de expresión.

Porque, en primer lugar, se considera que ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene sus límites legales. Por eso existen las leyes en toda sociedad organizada. Por ejemplo,  el Código Penal que limita el derecho a la libertad (de matar o robar) o la  Ley de Imprenta que impone límites al derecho a la libre expresión (difamación, calumnia e injuria).

Por su parte, la Constitución Política del Estado (artículo 106) garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica (lo que supone ya una restricción). Establece el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

Por su parte, y la Convención Americana sobre  Derechos Humanos (artículo 13), a la que Bolivia se adscribe,  establece que toda persona tiene derecho de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, estableciendo que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores (que deben ser reglamentadas), las que deben estar expresamente fijadas por la ley, para asegurar:

a.      el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o

b.      la  protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

Esta Convención (Pacto de Costa Rica) establece además que está prohibida  por ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio racial o religioso, o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupos, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Por tanto, esta norma internacional  establece que el  país que suscribe este Pacto de San José está en el derecho de legislar (restringir el derecho a la libertad de expresión)   para limitar las diferentes formas de racismo y discriminación.

Periodismo y protesta política

En el ERI se advierte que el conflicto generado entre un sector de la prensa, los dueños de algunos  medios de comunicación y los impulsores de la Ley antirracismo  (y sus artículos 16 y 23) es la prolongación de la polarización entre gobierno y oposición.

Por un lado, el gobierno no muestra  apertura a la crítica, la participación y a los aportes de la sociedad civil en el proceso de  elaboración de la Ley.  Da la impresión de primar, en algunos del oficialismo, posturas que favorecen la confrontación, porque creen que  les reditúa ganancias políticas.

Y por otro, los detractores  de la norma también muestran posturas dogmáticas, llenas de consignas en defensa de la libertad de expresión,  que se niegan  al debate abierto sobre los supuestos riesgos que se vislumbran para la democracia y la libertad de expresión al aprobarse,  sobre todo  los artículos 16 y 23 de la Ley antirracismo.

Y como era de esperar,  los sectores de la  oposición (políticos, empresarios, etc)  se sumaron militantemente a toda esta  campaña de “resistencia” emprendida en contra el proyecto de Ley promovido por el partido de gobierno.

Del mismo modo, dio  la impresión que los periodistas que participan en marchas, huelgas de hambre y otro tipo de protestas contra esta norma antirracista, lo hacían de forma hormonal, poco reflexiva y ausente de la siempre saludable autocrítica.

Se observa también que la  recolección de firmas, vendida a la población como una campaña para  defender la libertad de expresión, promovida por gremios de la prensa y los empresarios de la comunicación, pierde el poder de su legitimidad debido a que se comprobó que los y las ciudadanas firmantes apoyaban con su rúbrica la iniciativa sin saber para qué lo hacían y, en algunos casos, fueron atraídos con ofrecimientos de trabajo y otros beneficios,  lo que invalida éticamente esta iniciativa.

En definitiva, desde el ERI se constata que todo este proceso de estructuración y promulgación de la a Ley antirracismo se caracterizó por  la ausencia de debates democráticos y abiertos,  sobre todo en lo inherente al papel de la prensa y los alcances del derecho a la libertad de expresión.        

Cobertura desproporcionada e injusta

Durante la agudización del conflicto por los dos artículos de la Ley antirracismo, se observó una privilegiada y, tal vez, desproporcionada cobertura mediática de las acciones de protesta de  algunos periodistas  y dueños de medios de comunicación.

La mayoría de los canales de televisión destinaron casi 30 minutos de sus noticieros centrales (con gran despliegue de unidades móviles)  para reportar y  exaltar las acciones de resistencia de quienes participaban de la huelga de hambre, las marchas y otras acciones contestatarias al proyecto de ley.

Del mismo modo, los diarios escritos del país  dedicaron más de cuatro páginas centrales para resaltar  la acción “casi heroica” de los periodistas (algunos mostrados casi como mártires)  que habían decidido defender la libertad de expresión declarándose en huelga de hambre.

Desde el ERI  se reclama por  la injusta y desproporcionada cobertura informativa en la  que, muchas veces, incurre la prensa boliviana. Como en el presente caso,  omitiendo  o ignorando las  voces disidentes o las miradas distintas que hay sobre una misma realidad.  Se privilegia únicamente voces contrarias al gobierno o a lo que “ellos” consideran malo para el país o para la región.  Y esa práctica  maniquea es antidemocrática y es una forma de atentar contra la libertad de expresión.

¿Por qué la prensa nacional, por ejemplo,  no realiza la misma cobertura mediática en casos tan graves, urgentes e importantes como el de los chaqueos,  quemas, la inseguridad alimentaria o el caos urbano en que vivimos?

 NUESTRAS SUGERENCIAS

Sobre este tema, desde el Espacio de Reflexión Interdisciplinar sugerimos:

1.      Insistir el los debates abiertos y  participativos, con  todos los actores involucrados en el tema del racismo, para que la Ley y su Reglamento sea fruto de una amplia reflexión y de  los aportes democráticos.

2.      Discutir de manera permanente sobre los alcances de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a ejercerlos en lo medios de comunicación. Las Organizaciones de la Prensa deben ser los promotores de estas discusiones.

3.      Sugerir la participación de los periodistas para que, a través de sus organizaciones o de forma individual, puedan participar en la reglamentación de la Ley, de modo que se pueda vigilar la preservación del derecho a la libertad de expresión en los términos que  establece  la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

LA CULTURA DE LAS QUEMAS IMPACTA EN EL MEDIO AMBIENTE: el modelo agropecuario es poco productivo

Espacio de Reflexión Interdisciplinar ERI. Primer Conversatorio

“En Bolivia existe un sistema de producción agropecuaria atrasada que se sustenta en la práctica de la quema para reducir costos de producción y en mitos sobre supuestas bondades del fuego para la producción agropecuaria.” Fue una de las conclusiones a las que llegó el Espacio de Reflexión Interdisciplinar.

Existe desconocimiento y falta de voluntad política y equidad por parte de las autoridades estatales para aplicación de normas y leyes que regulan y castigan las quemas e incendios forestales, al mismo tiempo, no existe una adecuada asignación de recursos para la gestión de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

La ciudadanía en general tiene poca sensibilidad hacia los problemas medioambientales y desconoce el valor del bosque para la vida en el planeta.

Se analizó que algunos periodistas de diferentes medios de comunicación estigmatizan a pequeños productores campesinos, indígenas y colonizadores, como los únicos responsables de las quemas e incendios forestales, lo que no permite reconocer a todos los responsables de estas prácticas dañinas al medio ambiente y la salud pública.

Tampoco existen Políticas de Estado para fomentar y premiar prácticas productivas sustentables y sostenibles.

Focos de calor

Según datos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), este año en el país se superará el mayor promedio de focos de calor por año, que se había registrado el 2004 (50.464), puesto que hasta el 30 de septiembre de 2010 ya se registraron 50.806 focos de calor, con 3,36 millones de hectáreas quemadas. El departamento de Santa Cruz encabeza la lista con el mayor número focos de calor con 27.661 que representan el 52,4% respecto al promedio a nivel nacional (1,7 millones de hectáreas quemadas), seguido por el departamento de Beni con 20.534 focos de calor que representa un 41,9% con una superficie quemada de 1,4 millones de hectáreas.

Otro dato alarmante, presentado por la ABT, es que en el departamento de Santa Cruz se han deforestado 10 millones de hectáreas en los últimos años, con un promedio de 300 mil hectáreas por año, en lo que va de este año se han desmontado ilegalmente 85 mil hectáreas. Por otro lado, en nuestro departamento a consecuencia del mal uso de la tierra existen 300 mil hectáreas en proceso de desertificación, de acuerdo a datos del Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Paradójicamente, algunos empresarios agropecuarios de Santa Cruz pretenden flexibilizar las normas para que les permita ampliar la frontera agrícola con la escusa de contribuir la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, en su mayoría los grandes productores impulsados por una visión productiva economicista/extractivista que considera a la naturaleza y sus recursos naturales como un medio de acumulación, buscan ampliar el cultivo de caña de azúcar para la producción de Etanol, que tiene gran demanda en el mercado internacional, así como otros rubros como: maíz, girasol, soya, arroz y caña de azúcar.

A lo anterior se suma un claro desconocimiento por parte de empresarios, campesinos, indígenas, colonizadores e incluso autoridades sobre los Planes de Uso de Suelo (PLUS) y consecuentemente están cambiando la vocación de uso mayor del suelo, deforestando áreas que no son aptas para la agricultura intensiva.

Las quemas son una práctica enraizada entre pequeños y grandes productores agropecuarios, que sustentan sus creencias en mitos sobre las supuestas bondades del fuego para las actividades productivas agropecuarias, prueba de ello es que los focos de calor que afectan a todo el país se encuentran principalmente en los lugares en los que existen actividades agrícolas, pecuarias y forestales.

Por otro lado, la utilización del fuego muestra el retraso tecnológico que existe en el país en materia de producción agropecuaria, además las irrisorias multas por quemas establecidas en las normas forestales favorecen esta práctica. La situación se agrava con la presencia de extranjeros en la región que se dedican a la producción intensiva de monocultivos mecanizados.

Igualmente, a pesar de existir normas que protegen el medio ambiente y que castigan los incendios (el artículo 106 del código penal establece privación de libertad de 2 a 4 años a quienes incurran en el delito de incendio) falta capacidad y voluntad política por parte de las autoridades públicas competentes para hacer cumplir las leyes, además no se asignan recursos suficientes a las instituciones creadas para hacer cumplir las normas, como la ABT.

Los productores indígenas poseen conocimientos importantes sobre el manejo del fuego que pueden ser replicadas por otros actores, por ejemplo, sus quemas para el chaqueo se hacen de manera comunal en pequeñas extensiones de tierra, lo que permite un mejor control del fuego. Si bien existen incendios dentro de los territorios indígenas, la mayoría de ellos son producidos por arrendatarios que se encuentran dentro de sus territorios.

Por su parte, en la ciudad, la sociedad en general reclama por las quemas, pero principalmente por el mal aspecto estético que deja el humo en la ciudad, lo que es una distorsión que deja entrever que no nos estamos preocupando por lo esencial, que es el daño al medio ambiente y también a la salud pública, especialmente de niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias. La apatía de la sociedad en su conjunto, respecto a las quemas descontroladas y sus efectos es evidente, es en este momento cuando las organizaciones e instituciones ambientalistas deben hacer sentir su presencia en la perspectiva de concientizar y educar a productores, gremios empresariales, autoridades y ciudadanía en general.

Recomendaciones del ERI

• Se deben abordar los problemas ambientales y de salud pública que genera la práctica de las quemas en la producción agropecuaria en tres niveles; prevención y educación; incentivo a las prácticas productivas sustentables y sostenibles; castigar aplicando con mayor rigor las leyes.

• Los Gobiernos Municipales deben asumir un rol más protagónico, como sucede en el caso del municipio de Yacuiba que ha disminuido los focos de calor en su jurisdicción, gracias a que cuenta con políticas y medidas para la prevención de incendios forestales.

• Deben existir políticas estatales para la incorporación de la educación ambiental en los diferentes niveles educativos, como una forma garantizar la concientización de niños, niñas y jóvenes sobre la importancia del medio ambiente y los recursos naturales.

• Realizar campañas educativas a través de talleres con pequeños, medianos y grandes productores, en los que se les brinde técnicas y prácticas productivas alternativas a la utilización del fuego.

Segundo Conversatorio ERI-SC: "Ley Contra el Racismo"

Estimadas amigas y amigos:

Tal como acordamos en el Primer Conversatorio del Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) el pasado jueves 14 de octubre, este jueves 21 de octubre realizaremos nuestro Segundo Conversatorio en el que abordaremos la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, especialmente en lo referido a sus artículos 16 y 23. Algunas preguntas que servirán para motivar el debate de este jueves:

-¿Los artículos 16 y 23 coartan la libertad de expresión?

-¿Está en riesgo la democracia al mantenerse estos artículos?

-¿No hay democracia sin libertad de expresión?

-¿Es posible una redacción alterna a estos artículos?

-¿Qué pasaría si se eliminan estos artículos de la Ley Contra el Racismo?

-¿Existe realmente libertad de expresión y libertad de prensa en Bolivia?

-¿En que categoría de libertades se adscribe la libertad de expresión y la libertad de prensa?

-¿Son libertades plenas o limitadas?

El segudo conversatorio se realizará el jueves 21 de octubre de 2010 de horas 19:00 a 21:30 en el salón de reuniones de Radio Santa Cruz, ubicada en la calle Mario Flores, esquina Guendá Nº 20.

ERI-SC realizó su Primer Conversatorio

El Primer Conversatorio del ERI-SC se realizó la noche del jueves 14 de octubre con una muy buena concurrencia. El tema fue: Modelo productivo: impactos socio ambientales de la “práctica y cultura” de las quemas en la producción agrícola, pecuaria y forestal en el Oriente Boliviano. Los y las participantes realizaron un debate muy sustancioso cuyos resultados publicaremos en este blog los próximos días.

Primer Conversatorio, tema: Modelo productivo: impactos socio ambientales de la “práctica y cultura” de las quemas

Este jueves 14 de octubre de 2010, de horas 19:00 a 21:30 en Radio Santa Cruz, el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) debatirá el primer tema de los 4 que se tienen previsto para este año. Este primer espacio se referirá al Modelo productivo: impactos socio ambientales de la “práctica y cultura” de las quemas en la producción agrícola, pecuaria y forestal en el Oriente Boliviano.