EDUCACIÓN INDÍGENA: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD DISTORSIONADA

La conquista colonial de los pueblos se hizo de muchas maneras: robándoles sus territorios y cambiando su sistema económico introduciendo el dinero, entre otras, pero el último paso para la colonización es la lengua, sin un pueblo no ha perdido su lengua todavía no está colonizado, el pueblo que pierde su lengua ha dejado caer la última muralla que lo defendía.

Bartomeu Meliá

Aprovechando la presencia en Santa Cruz de Bartomeu Meliá, sacerdote jesuita, lingüista y estudioso de las costumbres y la educación tradicional de pueblos indígenas, principalmente guaraníes, de diferentes países de nuestro continente, el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) junto a Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Bolivia) y el Museo de Historia, dependiente la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, organizó dos espacios en los que se analizaron la importancia de la educación tradicional indígena en el modo de ser de cada pueblo. Eventos realizados en las oficinas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y en la sala de teatro del Museo de Historia.

Partiendo de la premisa que en la Constitución Política del Estado se está reconociendo la importancia de las culturas de los pueblos y naciones indígenas en el marco del Estado Plurinacional y que para salvaguardar el modo de ser de cada pueblo es importante la participación de las generaciones de jóvenes, niños y niñas en los procesos sociales al interior de las comunidades nativas, es necesario analizar la importancia de la educación tradicional indígena para la cultura de cada pueblo.

La educación indígena tradicional: instrumento para mantener el modo de ser de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas cuando se autodefinen así mismos en la mayoría de los casos se consideran como un ideal de lo que es ser un ser humano. Así por ejemplo, Ava Guaraní significa persona por excelencia, Weenhayek quiere decir persona diferente, entre otras auto denominaciones.

El hecho de que cada pueblo indígena vea reflejada en su forma de ser a la raza humana, los motiva a mantener sus valores culturales a través del tiempo. Para este fin el mejor instrumento con el que cuentan es su educación tradicional indígena, la cual se ha mantenido por generaciones.

Hablar de la educación indígena es hablar de la cultura de cada pueblo, del ideal de persona en relación al mundo que lo rodea, porque en las sociedades indígenas se educa para que el niño o niña sea un buen integrante de su pueblo. Por esto los objetivos de la educación indígena son tan variados como lo diversos pueblos y sus cosmovisiones propias. Desde la infancia existe una educación diferenciada en cada pueblo indígena, porque la historia y la geografía en la que se desenvuelven son diferentes.

Sin embargo, históricamente desde la perspectiva occidental colonizadora se aseguraba que no existe una educación indígena tradicional, pero en el año 1972 la UNESCO en el informe denominado “aprender a ser” reconoció a la educación indígena como una educación paradigmática, de la que tenemos que aprender las sociedades occidentalizadas.

La educación indígena se relaciona directamente con las múltiples dimensiones de la vida colectiva, es decir tiene la característica de ser una verdadera educación integral, porque relaciona al niño/niña no solamente con su mundo infantil o adolescente, sino con todos los aspectos de la comunidad.

Todo momento en la vida de un joven, niño o niña indígena representa una ocasión para instruirse, desde las enseñanzas del padre cazador, los relatos de los ancianos y ancianas, los sortilegios de los hechiceros, observar las estaciones del año para la siembra, mitos, juegos, música, entre otras, son formas de educación que han prevalecido hasta nuestros días. El niño y la niña indígena participan prácticamente en todas las actividades de su sociedad. El trabajo en comunidad y la reciprocidad es parte del modo de ser de los pueblos indígenas y es algo que van aprendiendo desde pequeños.

Incluso, en el caso del pueblo guaraní existen elemento educativos desde antes de la concepción o el nacimiento del hijo/hija; en esa cultura el hijo o hija nace porque fue soñado, si no ha sido soñado puede nacer con algún tipo de problemas, esta es una forma poética de lidiar con las dificultades que pueden surgir durante la gestación, nacimiento y crecimiento de una criatura.

La educación indígena sigue muy de cerca el ciclo de vida de cada persona, tanto así que el niño o niña desde que está en el regazo de su madre ya está siendo educado en el modo de ser de la gente de su pueblo. A diferencia de la sociedad occidental donde en algunos casos la madre ya no alimenta a su hijo con el pecho o lo hace por poco tiempo. Los pueblos indígenas consideran importante ese contacto físico entre la madre y su hijo o hija.

El instrumento esencial de la educación tradicional indígena es su lengua. La educación por la palabra es el componente más importante que tiene un pueblo indígena para transmitir su historia y cultura. Actualmente probablemente no se trata de mantener todas las tradiciones ancestrales, pero sí las más importantes, las que definen el modo de ser de un pueblo indígena.

Precisamente, se considera que los conocimientos de los pueblos indígenas se mantienen más fácilmente porque se transmiten de manera oral y se transforman en tradición transmitida a través de su propia educación. La educación mediante la palabra implica mayor atención de parte de los educandos, de ahí que los indígenas tienen una gran capacidad de captar rápidamente.

Distorsión de la educación intercultural bilingüe: instrumento de colonización de los pueblos indígenas

Existe una educación indígena propia, practicada por cada pueblo según sus propias características culturales, y otra educación “para el indígena”, llevada adelante por los Estados muchas veces de manera inconsulta. Esta educación es muy peligrosa porque normalmente se transforma es un instrumento de colonización ya que no pretende la afirmación de la identidad del pueblo indígena, lo que se quiere es que el indígena aprenda a leer documentos como la biblia u otros que no tiene que ver con su modo de ser.

La educación formal separa al niño y la niña de la vida en sociedad, mientras que entre los indígenas la educación es en la comunidad, en la cultura no indígena al niño o niña se lo educa para entrar en la sociedad. La educación indígena es aprender a hacer, no aprender a conocer.

Uno de los momentos más importantes de la educación de un niño o niña es la que se opera hasta los 7 años, es ahí donde se forma la persona. Si a esa edad chocan dos visiones distintas de ver la vida surge un conflicto.

Los pueblos indígenas siempre han tenido una educación propia, sin embargo, la colonización ha desconocido estos sistemas educativos propios. Ahora cuando los pueblos indígenas exigen una educación propia le dan educación intercultural bilingüe, que generalmente prioriza al idioma español.

La denominada educación intercultural bilingüe es un error pedagógico porque el niño recibe educación en dos idiomas, pero una de ellas tiene más ventajas. El niño o la niña tienen que percibir que está dentro de un pueblo que habla una lengua propia y por lo tanto debe aprender a leer y escribir primero en su propio idioma, para recién pasar a aprender a leer y escribir en español. Así el niño o la niña en el futuro tendrán menos problemas para leer y escribir en su lengua.

El concepto de interculturalidad en la educación está bien como planteamiento, el problema es que no aplica en la realidad. Interculturalidad significa que la lengua de un pueblo tendrá la misma importancia y se le dará el mismo interés que a la lengua del otro, pero esto no pasa de esta manera, en las comunidades indígenas se ha utilizado a la interculturalidad de manera colonizadora, porque a nombre de interculturalidad se enseña al indígena a leer y escribir en español, pero los que hablan español no aprenden a hablar en lengua indígena.

Intercultural significa que tanto el que habla castellano como el que habla un idioma indígena pueden entrar en un diálogo, pero la educación intercultural bilingüe propicia que el indígena hable castellano mientras que el profesor está años con los indígenas y nunca aprende su idioma.

Incluso los procesos de educación formal llegan a producir diferencias entre los mismos pueblos, como es el caso guaraní, donde dependiendo de quien catequizó a que comunidad, aparecen diferencias de ortografía en la lengua propia.

La semántica de los pueblos indígenas es mal interpretada en muchos casos al ser traducida al español, porque al momento de la traducción influyen en el traductor su origen étnico, religioso o social. Ellos tienen su propia interpretación de sus palabras desde sus experiencias, que tal vez nosotros no podemos comprender y no lo haremos porque no somos indígenas.

Existen prejuicios hacia la educación tradicional indígena y el idioma de los pueblos indígenas, que son asociadas a la pobreza y la falta de progreso (incluso entre los propios indígenas a consecuencia de la colonización), de esta manera se homogeniza la educación de los pueblos indígenas, enseñando a leer y escribir primero en español y luego a traducir a su idioma.

La educación existe cuando la practicamos, si los pueblos indígenas dejan de practicar su formas propias de educación entran en una crisis, si nadie caza deja de haber cazadores, si no hay cazadores deja de haber gente que haga arcos y flechas, y así sucesivamente.

Algunas conclusiones

La educación tradicional indígena es sumamente exitosa, porque sin escuela consiguen formar hombres y mujeres indígenas, que continúan la cultura, incluso a través de todo un oleaje de cosas modernas, atractivos y presiones propias de la cultura occidental.

No se pretende alejar a los pueblos indígenas de los beneficios que le puede dar la modernidad, sino de mantener su modo de ser como pueblo.

Los pueblos indígenas deben ser los responsables de la elaboración de la malla curricular para sus sistemas educativos en sus comunidades.

La autonomía indígena permitirá a los pueblos preservar su cultura a través de la planificación de la educación en su idioma dentro de sus territorios, de acuerdo a sus usos y costumbres.

Se debe replantear la educación intercultural bilingüe de manera que exista la reciprocidad propia de la interculturalidad.

La educación formal tal como es practicada actualmente solo refuerza la colonización de los pueblos indígenas.

La interculturalidad debe ser introducida en las ciudades para que los habitantes de las urbes puedan empaparse de la cultura de los pueblos indígenas.

DESARROLLO RURAL: TRES VISIONES EN UN MISMO TERRITORIO

En ocasión del 40 Aniversario de CIPCA, se realizó en Santa Cruz de la Sierra el Seminario Internacional de Modelos de Desarrollo, Desarrollo Rural y Economía Campesina Indígena. Varios participantes del evento, tanto representantes de sectores indígenas y empresariales, así como invitados internacionales, estuvieron presentes  en un debate organizado por el Espacio de Reflexión Interdisciplinar (ERI-SC) con la finalidad de profundizar el análisis sobre las visiones de desarrollo rural que conviven en Santa Cruz y la necesidad de construir un modelo que asegure la alimentación de las familias bolivianas cuidando el medio ambiente.

Los actores participantes en el debate se identificaron con uno de los siguientes modelos, que coexisten y se superponen:

1. MODELO DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE TIERRAS BAJAS

Representantes de pueblos indígenas, explicaron su concepto tradicional de “vivir bien” a través del aprovechamiento sostenible de recursos naturales, sin adoptar modelos de consumo de bienes innecesarios.

“El territorio es muy importante para los pueblos indígenas. El territorio es como un supermercado compuesto por aire puro, convivimos con la naturaleza, en tiempos de los abuelos éramos respetuosos con la naturaleza. No sólo son creencias, cada elemento de la naturaleza. Todo tiene vida y es parte de nosotros. Nuestros abuelos, decían que iba a acontecer lo que hemos llegado ahora. Antes no había necesidad de que se cultive en cantidad, ni arar, ni desmontar. Íbamos al bosque a recolectar porque había de todo. Cada elemento tiene vida. No era necesario cultivar en cantidad. Cada árbol cumple una función importante, cortar a un árbol es como matar a una persona” (Antonia Irayigra, Asambleísta Departamental por Guarayos).

“Se está luchando para tener una vida mejor, pero hay que hacer una diferencia con lo que era el buen vivir: Para los pueblos indígenas era tener para la comida, no nos faltaba nada. No era tener de más” (Lourdes Yopié, San Ignacio de Velasco).

Este sistema productivo basado en caza, pesca y recolección fue desapareciendo desde la colonización española, pero con más intensidad desde la década de los 80 del siglo pasado, con la incursión de empresas madereras. Los pueblos indígenas ya no encontraron animales que cazar y se introdujeron sistemas mecanizados que empobrecieron los suelos. Los habitantes, los niños, ya no tienen una alimentación diversificada con productos autóctonos. El resultado fue el abandono de la tierra y la migración a las ciudades. La deforestación influye directamente en el clima, cambian las diferencias entre estaciones y desaparece la biodiversidad.

Los participantes del conversatorio coincidieron en que este sector es el más desprotegido y que necesita mayor apoyo. La necesidad de recuperar la sabiduría de “convivir con la naturaleza y no vivir de ella”, es ineludible para lograr un desarrollo rural sustentable, que beneficie al conjunto de sus actores.  Como explica la asambleísta Irayigra: “Los pequeños productores son los que están afectados por el cambio climático, ya no hay las cuatro estaciones del año. De pronto llega la sequía, llega la lluvia fuerte y se ha dado un cambio. Esta es una preocupación muy grande. Estamos en peligro de hacer desaparecer a la madre tierra. En la provincia Guarayos el 50% de los niños están desnutridos, la alimentación nutritiva que teníamos ya no existe, el zapallo, camote, frejol, el maní.”

2. PEQUEÑOS PRODUCTORES CAMPESINOS INSERTOS EN LA CADENA EMPRESARIAL

Los migrantes de occidente del país se ubicaron desde mediados del siglo XX en Yapacaní, San Julián y otras zonas del departamento de Santa Cruz en las que se dedican a producción agropecuaria, sin embargo, aunque en su mayoría los campesinos mantienen  una parcela con varios cultivos y animales domésticos, al mismo tiempo deforestan porque no tienen capacitación para hacer un manejo sustentable  de los bosques. Aparentemente, los campesinos migrantes han perdido su identidad original, por eso son muy susceptibles a adherirse a la cadena productiva empresarial, aunque como los eslabones más débiles.

Así lo confirma Demetrio Pérez, representante de ANAPO:

“La mentalidad de los productores es empresarial, sin embargo, 80% son pequeños productores, el 20% son grandes empresas. Tienen varios problemas de fondo, como la inseguridad jurídica respecto a la tierra. Está causando un desequilibrio en la planificación del productor, este es el cimiento de un edificio al ser construido, si no está sólido el sector se puede caer. En una cadena productiva, si un eslabón se rompe se complica. Cuando el empresario no logra vender en el mercado externo o no le pagan en el momento oportuno, el productor necesita los recursos para cumplir sus compromisos con las instituciones financieras. Cuando el empresario no gana tampoco va a invertir. Por ejemplo en la siembra del girasol, lo propio sucede con el maíz, cuando se cerró la frontera, muchos productores han perdido plata”

Otra característica de la mayoría de los pequeños productores campesinos emigrantes que son parte de la cadena productiva empresarial es su dependencia de los empresarios aceiteros, por ejemplo. Algunos participantes calificaron estas cadenas productivas como opresivas hacia los pequeños productores. “La agricultura está encadenada a las empresas aceiteras. Se llega a un endeudamiento constante. Desde el momento en que uno siembra el grano ya está vendido, lo mismo con EMAPA”. (Roberto Churata Moreno, técnico del municipio de San Julián)

El mercado internacional influye en esta producción, fomentando cultivos cotizados en los mercados internacionales, para a su vez, entrar en la cadena de consumo. Así, algunos hijos de migrantes, ya con estudios instalan sus negocios de venta de agroquímicos.

“El desarrollo humano está basado en la capacidad de compra. Muchas de ellas son creadas artificialmente por el sistema. De pronto nace en la gente la necesidad de tener dinero para contar con esto.  Hoy son víctimas de un sistema que los conduce a ganar dinero. Por ejemplo la demanda de soya, es de las grandes transnacionales que hacen que trabajemos para ellos. En Tarija, los pequeños productores de hortalizas, ahora producen uva para satisfacer las demandas de los productores de vino. Nosotros con un millón de hectáreas de soya, no somos los que consumimos la soya. Entonces, los campesinos se convierten en productores al servicio de las empresas e incluso del Estado a través de EMAPA”. (Teófilo Salgado Docente de Ingeniería agronómica UAGRM)

En este sentido se aclaró que la mayoría de los pequeños productores campesinos emigrantes no tienen mucha posibilidad de elegir, porque en el caso de la soya siembran lo que les sale más “barato”, utilizando semillas transgénicas que tienen mercado. Demetrio Pérez, afirmó que alrededor del 90% de la soya producida en Bolivia es transgénica. Lo mismo ocurre con el uso de fertilizantes químicos. Quienes quieren optar por la producción “sana”, se enfrentan con problemas de menor rendimiento. A la vez, este hecho genera la pérdida de la biodiversidad y de las variedades de semillas nativas en diferentes productos que se van perdiendo. Por ejemplo, en el maíz, actualmente predomina la semilla de maíz híbrido y van desapareciendo las otras variedades nativas.

3. MODELO DE AGRONEGOCIO EMPRESARIAL

Está ligado a la producción de “comodities” agrícolas o materias primas que puedan ser exportadas y vendidas en mercados internacionales. Demetrio Pérez distingue entre los “productores” y los “empresarios”. Los grandes empresarios son justamente quienes tienen los vínculos de exportación tanto de materias primas, como de productos elaborados y acopian producción para exportarla o como insumo de sus productos. Ejemplo, la soya y derivados o el aceite refinado.

A los pequeños productores emigrantes, ideológicamente, se los presenta como similares a los empresarios en sus intereses, cuando la mayoría del lucro lo retienen los empresarios agroindustriales.

Este sector ha obtenido ganancias extraordinarias los años de alza de precios de algunos productos como maíz, soya y azúcar. Sin embargo, los reclamos son permanentes respecto a las exigencias de la Constitución Política del Estado en lo referido al cuidado al medio ambiente, la necesidad de demostrar la Función Económica-Social (FES) de la tierra, según Juan Armando Antelo, ex presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Los grandes productores y empresarios demandan constantemente seguridad jurídica de las tierras y que el Estado intervenga con investigaciones para mejorar la productividad y ampliar la frontera agrícola.

El fuerte de este sector, es que los empresarios, no solamente nacionales, sino también brasileños, argentinos y otros, poseen el capital necesario para reinvertir y producir en gran escala, tienen acceso a la tecnología y a semillas mejoradas (trasgénicas) y a fertilizantes químicos. Además de tener un precio subvencionado del diesel como combustible.  En el departamento de Santa Cruz se encuentran 15,29 millones de has. De suelos con aptitud agrícola, de un total de 30,36 que existen en Bolivia. Entonces existe un potencial productivo importante.[1]

En síntesis, mientras el modelo de manejo integral de bosques está muy afectado en las últimas décadas por la deforestación, las generaciones actuales, tanto de la economía tradicional indígena de tierras bajas, como de la economía campesina, se encuentran a la vez amenazadas y “encadenadas”, con las redes de producción empresariales. Los grandes beneficiarios son los empresarios agrícolas que extraen excedentes de los otros sistemas, mientras que se orienta la producción a la búsqueda de lucro en cultivos exportables que producen mayor productividad. Mientras tanto, el medio ambiente y la biodiversidad se ven afectados.

Existen dos modelos productivos tradicionales, el de territorio sostenible con caza, pesca, recolección y pocos cultivos y el campesino migrante con parcelas unifamiliares, ambos están en proceso de transición poniéndose al servicio de los empresarios agrícolas que direccionan la producción de los pequeños productores campesinos indígenas de acuerdo a los mercados internacionales y los “encadenan” comprando la producción anticipadamente.

PROPUESTAS DE ACCIÓN

·        Hay una coincidencia en que a pesar de la existencia de diferentes modelos productivos, representados por grandes empresarios por un lado y productores indígenas campesinos por otro lado, debería buscarse un modelo intermedio que permita asegurar la alimentación de las bolivianas y bolivianos, pero sin dañar el medio ambiente.

·        El Estado debe canalizar ayuda sobre todo al sector productivo indígena y campesino por ser el más vulnerable, para darles las condiciones de producción que les permita producir para la alimentación familiar y generar excedentes para el mercado.

·        Se debe dar prioridad a producir para abastecer el mercado interno garantizando la seguridad alimentaria, apoyando tanto a pequeños como a grades productores.

·        Debe notarse la presencia del Estado en distintos niveles invirtiendo en caminos para sacar la producción, es necesario que la inversión pública vaya con educación y salud al área rural, para disminuir las migraciones.

·        Los gobiernos deben realizar investigaciones para producir mejor, tanto en cantidad como en calidad, sin afectar al medio ambiente.

·        Se necesita asistencia técnica y créditos para producir de manera sustentable.

·        Los pueblos indígenas proponen crear un modelo propio y critican al sistema empresarial capitalista que está ocasionando la crisis alimentaria y ambiental.

·        Respecto al uso de transgénicos hay opiniones divididas, por un lado los empresarios afirman que abaratan los costos de producción permitiendo mayor productividad, por otro lado los indígenas sostienen que afectan a la biodiversidad y crean dependencia con las transnacionales productoras de semillas.

·        Los pequeños productores indígenas critican el rol de EMAPA, indicando que es similar al de los empresarios, porque condiciona los créditos a la entrega de la producción y endeuda a los productores, tal vez debería mejorar su apoyo a la producción con valor agregado.

·        Se constata que el modelo agroexportador solamente favorece a unas cuantas familias, no favorece a los pequeños productores. Es necesario reflexionar y cambiar el modelo económico porque estamos en peligro de hacer desaparecer a la madre tierra.

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[1] Tomado de CABALLERO, Teófilo. cuadro Clasificación de Suelos por su aptitud de uso. Supeintendencia Agraria. En Crisis alimentaria una oportunidad para Santa Cruz. Revista Enfoque Económico No 19. Santa Cruz 2011.

Invitación a participar en conversatorio del Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz

Estimados amigos y amigas:

Como es de conocimiento público, a raíz de los procesos judiciales relacionados con los curul indígena yucararé-mojeño, se tensionaron las relaciones entre oficialistas y opositores en Santa Cruz.

Con la posesión de  Rosmeri Gutiérrez y  Roberto Carlos Cortez como representantes del pueblo indígena yuracaré-mojeño, la correlación de fuerzas cambia en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). Antes la alianza Verdes y FA, sin depender de la bancada indígena y del MAS, podían iniciar sesiones y aprobar leyes y resoluciones porque tenían mayoría en la ALD (14 votos de un total de 27 miembros), ahora no podrán porque necesariamente tendrán que concertar con la bancada indígena o con la bancada del MAS, inclusive para iniciar las sesiones de la ALD, debido a que sólo tendrán 14 votos de un total de 28 miembros.

Para analizar este tema nos permitimos invitarlo al conversatorio del ERI-SC, a realizarse este jueves 26 de mayo de 2011 de horas 19:00 a 21:30, en el salón de radio Santa Cruz, ubicada en la calle Mario Flores esquina Guendá Nº 20, con base a algunas preguntas motivadoras: 

·        ¿Cómo queda la correlación de fuerzas en la ALD?

·        ¿Qué consecuencias políticas tiene el reconocimiento del quinto curul a la bancada indígena?

·        ¿Existen mayores oportunidades para la incidencia en la ALD, en temas importantes como la adecuación del Estatuto Cruceño, elección de ternas de vocales electorales?

Los y las esperamos.

Atte: ERI-SC

TIERRA: Contradicciones entre la Constitución y Estatuto Autonómico Cruceño

En gran medida, las tensiones políticas y sociales que pusieron a Bolivia en los últimos 3 años al borde incluso de una guerra civil, tuvieron una causa central: la disputa por el acceso y la tenencia de la tierra y los recursos naturales.

Esa es la conclusión del quinto conversatorio del Equipo de Reflexión Interdisciplinar, ERI, que advirtió que la causa central de la polarización política y social (entre el gobierno nacional y la oposición regional “cívico-empresarial”) fue y es la tenencia de la tierra y otros recursos naturales.

Según los integrantes del ERI, existen dos percepciones opuestas sobre el tema tierra. Por un lado está la que considera que la tierra es un medio o factor de producción y generador de riqueza (posición arraigada entre medianos y grandes propietarios). Por otro lado, está la visión más holística que la tierra se concibe como condición de vida o como medio de reproducción social, base de la identidad (concepción arraigada en la mayoría de los pueblos indígenas y naciones originarias).

En relación al tema tierra-territorio se advierte que, según la CPE, su administración está centralizada en el nivel central del Estado. Los gobiernos autónomos sólo podrán ejecutar e implementar las decisiones del gobierno nacional. Por tanto, en esta materia, poco o nada se puede compatibilizar el Estatuto Autonómico Cruceño a la CPE.

Para flexibilizar esta centralidad, en parte, el ERI sugiere que debería priorizarse la concertación de una Ley específica que determine las facultades del régimen de tierras a ser transferidas o delegadas a los gobiernos autonómicos . La limitación constitucional es que sólo se pueden transferir o delegar facultades reglamentarias y ejecutivas y no así facultades legislativas.

Según la CPE, el Estatuto Autonómico Departamental sólo puede normar competencias referidas a los planes de ordenamiento territorial y uso de suelos.

Por otro lado, cabe recordar que una de las mayores concesiones del gobierno nacional a la oposición cívico-empresarial del oriente boliviano se dio en la aprobación de la nueva CPE: Los opositores consiguieron la incorporación del concepto de la “irretroactividad” en la aplicación del límite máximo de 5 mil hectáreas de la propiedad agraria para ser considerada como latifundio y estar sujeta a la reversión, o sea según el Art. 399 parágrafo I, los nuevos límites de la propiedad agraria (5 mil hectáreas) sólo se aplicará a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de la nueva CPE (promulgada el 7 de febrero de 2009).

Además se advierte de la incorporación del Art. 315-II, en que el Estado reconoce una nueva forma de propiedad agraria como es la societaria empresarial. En él no se determina un límite máximo en la extensión ni para la adquisición. Y para la conservación de la propiedad agraria sólo debe cumplir con los criterios de agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios.

Desde el ERI se sugiere que la nueva ley agraria debe limitar los alcances de estas disposiciones que fueron incorporadas como resultado del proceso de negociación entre el gobierno nacional con la oposición política cívico-empresarial del oriente boliviano, a cambio de viabilizar la aprobación de la nueva CPE en el Congreso Nacional (octubre de 2008) y referéndum constitucional (25 enero de 2009).

Tierra como recurso y propiedad, y territorio de los pueblos indígenas y naciones originarias

En la vieja discusión filosófica sobre la tierra, la derecha y la izquierda, el capitalismo y el socialismo coinciden en considerarla como un RECURSO económico para producir bienes y ganancias.

Al ser un recurso económico debe ser considerada PROPIEDAD. Y toda propiedad tiene un PROPIETARIO, sea individual, colectivo o estatal. Y al ser un recurso, una propiedad y tener propietario, la tierra es una MERCANCÍA que se compra o se vende. En esas condiciones, la tierra está expuesta al MERCADO.

La economía dominante en el mundo es la capitalista, sobre todo, la versión más LIBERAL. Por tanto, la Constitución Política del Estado y legislación agraria boliviana no escapan a este predominio ideológico y jurídico.

Pero para los pueblos indígenas (tierras bajas) y naciones originarias (tierras altas) de Bolivia, la tierra-territorio es concebida como:

• La madre que les cobija, protege, acoge y les da sus frutos para vivir.
• La fuente de vida inseparable del conjunto de la naturaleza y el universo.
• Lo que ocurra en el cosmos afectará a la tierra; lo que afecte a la tierra afectará al conjunto de la naturaleza y a la humanidad.
• La base de la identidad.
• Medio de reproducción social.

Esta visión integral aún arraigada en la cultura de los pueblos indígenas y naciones originarias asentadas en más de un tercio del territorio nacional y que han demandado al Estado el reconocimiento de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) -hoy reconocidas como Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOCs)- se contrapone con la visión más liberal del derecho agrario, asumida por medianos y grandes propietarios rurales, que conciben a la tierra sólo como medio o factor de producción para la generación de riqueza.


El acceso y tenencia de la tierra es un factor importante de poder político, económico, social y cultural, especialmente en las macro ecorregiones del Chaco, Oriente y Amazonía, donde la disputa por el control de este recurso no está resuelta y el debate entre los distintos actores rurales seguirá siendo intenso, principalmente en relación a su valoración, si es justa o injusta su distribución, la tenencia, la administración, el cumplimiento de la Función Económico Social (FES) y Función Social (FS), reversión, expropiación, la titulación colectiva o individual, el valor económico y productivo, la extensión máxima y mínima, el latifundio y minifundio, quién sanea y titula la propiedad agraria, en definitiva quién tiene el dominio sobre la tierra-territorio.

A ello se suma la creciente preocupación sobre los problemas globales como: cambio climático, el calentamiento global, productividad del suelo, crisis energética y crisis alimentaria.

El saneamiento de tierras en Bolivia

El avance en el saneamiento es notorio al indicar que de las 106.751.723 hectáreas de tierras objeto de saneamiento a nivel nacional, entre 1996- 2010 se han saneado (tituladas y con resoluciones finales de saneamiento) 55.551.083 hectáreas, lo que representa un 52% de avance. Comparando con el 28% que llegó en los primeros 10 años de saneamiento (1996-2006), en los últimos 4 años se puede apreciar un avance importante, pero insuficiente en la relación al plazo fijado por Ley 3501 para concluir con el proceso hasta el 19 de octubre de 2013.

En el departamento de Santa Cruz, la tierra objeto de saneamiento es de 36.808.222 hectáreas, entre 1996-2010 se ha concluido el saneamiento (tituladas y con resoluciones finales de saneamiento) en 22.634.908 hectáreas, lo que representa un 61% de avance.

Recordemos que la Ley 3501 del 19 de octubre de 2006 amplió a siete años (hasta el 19 de octubre de 2013) el plazo para concluir el proceso de saneamiento de la propiedad agraria en nuestro país. El gobierno nacional en los 3,5 años que resta de tiempo ¿podrá concluir con el restante 48% de saneamiento de tierra a nivel nacional? Y con el restante 39% en el departamento de Santa Cruz?

Según el Plan de Uso de Suelos del departamento de Santa Cruz (PLUS), de las 37,06 millones de hectáreas que posee el departamento de Santa Cruz, el 27% es de vocación forestal, el 24% son áreas protegidas, el 20% de uso agropecuario extensivo, el 10% de uso agrosilvopastoril, el 10% de uso restringido, el 8% de uso agropecuario intensivo y el 0,6% son lagunas y ríos.

Esta alta diversidad y vocación productiva de los suelos, en parte explica el porqué de la intensa y conflictiva disputa por el acceso y tenencia de la tierra en el oriente boliviano.


Es preciso recordar que en las dictaduras de Bánzer y García Meza, entre 1971 y 1982, se regalaron tierras a los que apoyaban a los dictadores y, de ahí, se produjo una anarquía en el tema de la tenencia de la tierra y actualmente se sufre estas consecuencias.

Constitución y Estatuto: serias contradicciones

En relación a la tierra- territorio, el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, es más liberal que la Constitución Política del Estado (CPE), en el fondo pretende disputarle el dominio de la tierra al nivel central del Estado, por lo que entra en franca contradicción con la CPE, a manera de ilustrar esta afirmación, a continuación algunas precisiones sobre lo que establece el Estatuto Autonómico Cruceño:

• Una Ley de Tierras departamental regulará el derecho propietario sobre la tierra, la distribución y redistribución y administración las tierras (Art. 102).
• Reconoce, protege y respeta el derecho de los Pueblos Indígenas oriundos de Santa Cruz sobre sus Tierras Comunitarias de Origen (Art. 103-II).
• No reconoce el latifundio improductivo (Art. 104).
• Crea el Consejo Agrario Departamental (CAD) para establecer las políticas de tierras, estará conformado paritariamente por todos los actores productivos y el ejecutivo departamental y los comisionados del CAD serán acreditados por el Gobernador (Art. 106).
• Crea el Instituto Departamental de Tierras (IDT) descentralizado y es el responsable de la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, dotación, adjudicación, distribución y expropiación de tierras (Art. 107-I).
• Las tierras fiscales disponibles serán dotadas, adjudicadas, concesionadas, distribuidas y redistribuidas por el ejecutivo departamental, quien deberá tomar en cuenta la capacidad de uso mayor y su vocación productiva, tienen preferencia para acceder a estas tierras los ciudadanos del lugar que no posean tierras o las posean de manera insuficiente y que tengan vocación agropecuaria y que se encuentren en el área de influencia de las tierras fiscales (Art. 108).
• El gobernador firmará todos los títulos agrarios en su departamento y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en derechos reales (Art. 109).

Estas disposiciones están franca contradicción con lo que establece la CPE, veamos:

• La política general sobre las tierras y territorio, y su titulación es una competencia privativa del nivel central del Estado (Art. 298-I-17 CPE).
• El control de la administración agraria, catastro rural, asentamientos humanos rurales, políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial son competencias exclusivas del nivel central del Estado, sólo mediante una Ley específica se puede determinar algunas facultades a ser transferidas o delegadas los gobiernos autónomos subnacionales (Art. 298-II-22, 29, 33 y 38 CPE).
• El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el Presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país (Art. 404 CPE).
• Son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado, ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras (Art. 172-27 CPE).
• Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipal e indígena (Art. 300-I-5 CPE).

Las diferencias son profundas entre lo establecido por el Estatuto Autonómico Cruceño y la CPE. Esta contradicción confirma que el tema tierra fue el telón de fondo de la intensa polarización política y social que se vivió durante el proceso preconstituyente, constituyente y post constituyente en nuestro país

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al ser la tierra un tema central en la vida nacional (la razón central de la polarización política y social), se coincide en la necesidad de continuar generando espacios de debate abiertos y plurales. Los mismos deben dar paso un proceso de concertación y la construcción de propuestas sobre el acceso y tenencia de la tierra, así como la productividad y sostenibilidad de la fertilidad de los suelos.

Se advierte también que concluir con el proceso de saneamiento y titulación de tierras, en los plazos que establece la Ley 3501 (hasta el 19 de octubre de 2013) es muy importante, para lo cual es fundamental que el gobierno nacional asigne recursos técnicos y económicos suficientes al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), esto permitirá contar con una base de datos actualizados y confiables para delinear políticas de promoción del desarrollo rural y garantizar la seguridad jurídica a los distintos actores rurales.

Finalmente el ERI considera importante vigilar y controlar para que el principio de equidad de género sea aplicado en el proceso de saneamiento y titulación de tierras, así como en la distribución y redistribución de tierras fiscales disponibles. Velar para que este principio sea debidamente incorporado en el desarrollo normativo post constituyente (cartas orgánicas, estatutos autonómicos departamentales, estatutos autonómicos indígena originario campesinos, entre otras normas), es un reto muy importante.

Estatuto Departamental: el debate pendiente de la sociedad cruceña

La gobernación electa, la Asamblea Legislativa Departamental, como poderes ejecutivo y legislativo del departamento autónomo de Santa Cruz, los movimientos sociales, indígenas, campesinos, cívicos, los colectivos de mujeres, la coordinadora de autonomías, deberían organizar y promover este debate e iniciar el proceso de adecuación del Estatuto Autonómico Cruceño a la Constitución. Solo así, el proceso de autonomía departamental podría avanzar.

En el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) se advierte que Bolivia vive una coyuntura muy distinta a cuando se realizó y se votó por los Estatutos Autonómicos Departamentales en los 4 departamentos de la denominada “media luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).

La realidad actual marca que los Estatutos Autonómicos Departamentales deben adecuarse a la Constitución Política del Estado, tal como lo establece la misma CPE en el parágrafo II de su tercera disposición transitoria y la Ley Marco de Autonomía y Descentralización en su artículo 61, parágrafo I, numeral 2.

Es en esta perspectiva que deben entenderse y realizarse los debates y las propuestas en torno al proceso autonómico que se vive en Bolivia.

Extrañamente, algunas posturas en torno, sobre todo, a la autonomía departamental parecen estar encaminadas por rutas que se apartan del rumbo legal y constitucional.

Sin embargo, las opciones radicales, representadas por la corriente encabezada por Juan Carlos Urenda, que proponían reformar la Constitución antes que adecuar los Estatutos Autonómicos Departamentales, parecen haber perdido apoyo popular (en las elecciones departamentales de 2010 Urenda participó con la agrupación ciudadana Todos por Santa Cruz, obteniendo el 4,5% de la votación en el departamento) e incluso de la misma institucionalidad cruceña.

En el ERI-SC se considera que la Asamblea Legislativa Departamental debe ser un espacio para los debates y consensos sobre la adecuación del Estatuto, permitiendo una amplia participación de los diversos sectores de la sociedad cruceña.
Se constata además que varias instituciones y organizaciones vienen trabajando en la elaboración de propuestas para readecuar e enriquecer el Estatuto. Por ejemplo, la Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos de Santa Cruz, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la alianza de organizaciones sociales Bloque Oriente-Amazónico, la Asociación de Comités de Vigilancia de Santa Cruz, entre otras, tienen propuestas en la perspectiva señalada. Sin embargo, se evidencia la poca socialización y debate amplio de dichas propuestas.

El ERI-SC considera que en la medida en que no se inicie el proceso de adecuación de los Estatutos a la CPE, la implementación efectiva de la autonomía se irá retrasando.

La CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecen la adecuación de los Estatutos Autonómicos de los Departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Se advierte que nada que esté en contradicción con la Constitución Política del Estado podrá estar en los Estatutos, por una primacía jurídica lógica.

Sin embargo, se percibe que intereses políticos van frenando deliberadamente esta tarea de adecuación. Es por eso que las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil son importantes para generar un amplio debate plural e incluyente para que la implementación de las autonomías sea una realidad.

Actualmente la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz exhibe diferentes posiciones respecto al curso que se le debe dar al proceso de adecuación del Estatuto Autonómico. Por un lado, los representantes de las organizaciones sociales proponen un nuevo proceso de construcción participativa del estatuto y por otro lado, los representantes de las fuerzas políticas mayoritarias (VERDES y FRENTE AMPLIO), afines al actual gobernador, defienden la vigencia del estatuto autonómico que en mayo de 2008 fue sometido a referéndum departamental.

Para muestra basta un botón: Análisis del Régimen de Justicia en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz

En el cuarto conversatorio del ERI-SC, realizado el 18 de noviembre de 2010, se profundizó el contenido del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, en su capítulo referido a la administración de justicia, sobre el cual se llegó a la conclusión de que se contrapone directamente a lo establecido por la CPE.
Ante esta situación el ERI-SC considera que, en lo que se refiere a la administración de justicia, la adecuación del Estatuto Autonómico cruceño deberá partir prácticamente de cero.

A manera de ejemplo de la profunda contradicción entre el Estatuto autonómico departamental y la CPE, el Art. 143 del Estatuto establece:

“I. La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz es la última instancia jurisdiccional y dicta Sentencias con autoridad de cosa juzgada en aquellos procesos en que el derecho aplicable de manera preferente sea el derecho autonómico cruceño, es decir, en aquellos procesos que versen sobre las materias de competencia exclusiva del Departamento, de acuerdo al presente Estatuto”.

Esta disposición está en franca contraposición con lo que instituye la CPE, que indica que la administración de la justicia es una competencia exclusiva del gobierno central.

Para el ERI-SC resulta igualmente preocupante que los Estatutos Autonómicos de nuestro departamento no contemplen la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción agroambiental, lo que demuestra las marcadas diferencias entre Estatuto cruceño y la CPE.

Temas de fondo a debatir

En el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz se advierte la existencia de temas claves, en torno al proceso autonómico, que deben debatirse con prontitud y un sentido democrático, como ser:

1. La Constitución Política del Estado tiene una nueva visión de país, Estado Plurinacional con autonomías, que incluye los derechos de los sectores tradicionalmente marginados, por lo que un simple maquillaje al estatuto autonómico departamental cruceño no bastará.

2. El Estatuto Autonómico Departamental Cruceño no reconoce la democracia comunitaria, la autonomía indígena, derecho a la participación y consulta, justicia comunitaria, entre otros derechos colectivos de los pueblos indígenas que están reconocidos por la CPE.

3. El Estatuto Autonómico Departamental Cruceño no explicita la necesidad de proteger el derecho a una vida libre de violencia en la sociedad, ni se compromete a prevenir y sancionar la violencia de género, tampoco, reconoce el valor económico del trabajo de la mujer.

4. En relación a la tierra y bosques el Estatuto Autonómico otorga competencias exclusivas para su administración al Gobierno Departamental, por su parte, la CPE establece que la administración de estos recursos es competencia exclusiva del Estado Central. Este tema es uno de los telones de fondo de la polarización política entre los gremios cívico-empresariales del oriente boliviano, con el gobierno nacional.

EL ERI-SC propone:

1. Enmarcado en la CPE y Ley de Autonomías y Descentralización priorizar el análisis, debate y la generación de propuesta sobre la adecuación del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz.

2. Articular una plataforma departamental para impulsar un proceso abierto de análisis, debate y concertación de una propuesta alternativa sobre adecuación del Estatuto Autonómico Cruceño y desde este espacio incidir en distintos ámbitos de la sociedad cruceña y en los poderes públicos.

3. Difundir y coordinar las propuestas que están trabajando distintas instituciones y organizaciones.

El Espacio de Reflexión Interdisciplinar analizó el tema tierra en el Estatuto Autonómico cruceño

Dando continuidad al debate y análisis del contenido del Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz, el Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) realizó este jueves 9 de diciembre su quinto y último conversatorio de este año en las instalaciones de Radio Santa Cruz, en el que se discutió el contenido del estatuto cruceño en lo referido a la tierra y el proceso agrario.

El ERI-SC constató una vez más que el contenido del estatuto autonómico del departamento se contrapone a lo establecido en la CPE; por ejemplo, en lo referido a la dotación de tierras fiscales, el artículo 6 del estatuto cruceño establece que el Gobierno Departamental tiene potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre la tierra, cuando el texto constitucional en su artículo 298, parágrafo I, numeral 17, indica que la “Política general sobre tierras y territorio, y su titulación” es una competencia privativa del gobierno nacional.

Para el ERI-SC el capítulo referido al proceso agrario en el estatuto cruceño es un reflejo de la intensa disputa por el poder político, económico y cultural que se viene dando entre el gobierno nacional y la oposición regional cívico-empresarial, además considera que el acceso y la tenencia de la tierra y los recursos naturales fue el telón de fondo de la extrema polarización política y social que se vivió es los últimos años en nuestro país.

Finalmente y una vez más, el ERI-SC ve la imperante necesidad de que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz empiece a encarar de una vez la adecuación del estatuto de nuestro departamento, proceso que no será nada fácil si tomamos en cuenta la manera en que se viene trabajando actualmente en dicha instancia legislativa, donde hasta el momento no se ha logrado alcanzar consensos en ninguno de los temas debatidos, ante esta situación será necesario el aporte de la sociedad civil en el proceso de adecuación del estatuto a la CPE, para la generación de espacios de análisis y debate del texto autonómico cruceño para la construcción de acuerdos y consensos.

Los y las participantes del último conversatorio del ERI-SC para este año, determinaron continuar con estos eventos a partir de la primera quincena del próximo año.

5to Conversatorio este jueves 9 de diciembre

El ERI-SC está preparando para este jueves 9 de diciembre su último conversatorio de este 2010, nuevamente revisando el contenido del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esta vez en lo que se refiere al capítulo sobre el proceso agrario y la tierra. Una vez más ele lugar del evento será en el salón de radio Santa Cruz a partir de las 19:00 y les hacemos notar que la entrada es por el estacionamiento de la radio, ya que a esa hora la entrada principal a la radio está cerrada.